Se aprueba un Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, y se adoptan algunas nuevas, por ejemplo, para favorecer la compra de vehículos eléctricos.
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